En enero de este año, los manifestantes tomaron las calles de México para protestar contra la subida del precio de la gasolina, el llamado gasolinazo. [ALFREDO ESTRELLA, GETTY IMAGES]
México comenzó 2017 con una subida del 20 por ciento en los precios de la gasolina, impulsada en parte por la cancelación de subsidios. Algunas protestas acabaron con gasolineras incendiadas: una reacción que pone de manifiesto los problemas que pueden surgir cuando un país decide dejar de subvencionar los combustibles de carbono en beneficio de alternativas menos dañinas para el entorno. Ahora, el Gobierno y la Bolsa mexicanos se han propuesto ensayar una estrategia más amable para reducir las emanaciones de carbono: el comercio de derechos de emisión con un límite sobre las emisiones totales (cap-and-trade). México, que en 2012 se convirtió en el primer país en vías de desarrollo en aprobar una ley sobre el clima, podría servir de ejemplo a otras economías en desarrollo que aspiren a disminuir su huella de carbono.
En esta clase de programas, el regulador expide permisos para que las empresas puedan contaminar en una cantidad correspondiente a los derechos que posean. La mayoría de las veces, el total de emisiones contaminantes autorizadas disminuye con el tiempo, de modo que las compañías han de decidir: o emiten menos, o compran más permisos a otras empresas.
Ahora, más de 80 compañías mexicanas han aceptado participar en una simulación de este comercio de derechos. Gracias a un programa informático desarrollado por MÉXICO2, una empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, las compañías se están acostumbrando a la logística diaria que implica el comercio de permisos, explica Andrés Prieto, analista investigador de MÉXICO2. A finales de 2018, el Gobierno federal obligará a los mayores emisores de México a participar.
El país latinoamericano tiene un acuerdo de cooperación con California, que ya comercia derechos de carbono con varias provincias canadienses. Por ahora, México está aprendiendo de sus vecinos del norte y es posible que acabe por unirse a ese mercado. «La lección importantísima que hemos aprendido en California, comparándola con Europa, es que no basta con estar seguros sobre la cantidad de emisiones», dice Prieto. Las empresas quieren también disponer de una previsión de los precios de los derechos. En el mercado europeo, la volatilidad de los precios desanimó a las empresas a invertir a largo plazo en la reducción de su huella ambiental, a pesar de que el límite total sobre las emisiones era cada vez menor. Puede que, al igual que California, México también exija un precio mínimo para los derechos de emisión a fin de que las empresas puedan calcular mejor su futura posición económica.
A México no le faltan industrias contaminantes, por lo que los avances para reducir las emisiones estarán al alcance si el país puede dotarse de capacidad de regularlas, señala Juan Carlos Altamirano, economista del Instituto Recursos del Mundo, en Washington.
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