En 1960, menos de un tercio de la población mundial vivía en ciudades. Hoy es el 56 %: 4 400 millones de habitantes. Además, la previsión es que esta tendencia continúe y, para 2050, se estima que el 70 % de la población del mundo vivirá en ellas. No hay duda de que la ciudad es un invento exitoso.
Pero no es perfecto. Cuando se construye una ciudad, su diseño y distribución del suelo pueden durar generaciones. Por tanto, se ha de evitar un crecimiento urbanístico descontrolado como el sucedido en España, por ejemplo.
Entre 1997 y 2006, en este país se construyeron urbanizaciones masivas y dispersas sin una planificación urbanística adecuada, consumiendo suelo y recursos naturales que pueden perjudicar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por su parte, el aumento del uso del suelo urbano va aún más rápido y supera al crecimiento de la población hasta en un 50 %. Para 2030 podríamos ver más de 1,2 millones de km² de nuevas áreas urbanizadas en el mundo.
Todo esto tiene un impacto directo en el medio ambiente: las ciudades consumen dos tercios de la energía global y generan más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, el desarrollo urbano no planificado altera el paisaje, agota recursos naturales y pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. Por eso, es fundamental apostar por iniciativas urbanísticas sostenibles, tanto desde el punto de vista económico como ambiental.
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Aeropuertos sin aviones y ciudades fantasma
Cuando en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria en España, quedó claro que se habían aprobado proyectos urbanísticos con estimaciones de costes y precios de venta poco realistas. En teoría, los promotores debían asumir el riesgo de sus inversiones, como en cualquier mercado.
Sin embargo, en la práctica, han sido los ciudadanos quienes asumieron las pérdidas: se destinaron fondos públicos a aeropuertos prácticamente sin vuelos y a autopistas con poco tráfico. En algunos casos, los ciudadanos seguirán pagando estas pérdidas durante años, a pesar de que los proyectos no estaban justificados económicamente.
Bajo el paraguas de la burbuja también surgieron las llamadas “ciudades fantasma”. Son ciudades sin concluir, con numerosas viviendas vacías, un alto consumo de suelo urbano y con una elevada dependencia con el vehículo privado. Estas construcciones sin habitantes pusieron de manifiesto la necesidad de prevenir la creación excesiva de suelo urbanizable.
La crisis de la burbuja inmobiliaria trajo como conclusión que la sostenibilidad económica en la planificación urbanística es imprescindible, pues afecta a la sostenibilidad ambiental.
Hacia un desarrollo urbano sostenible
En los últimos años, las normas urbanísticas han cambiado para fomentar un desarrollo de las ciudades más sostenible. Ahora se busca un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente. Además, se promueve un uso eficiente de los recursos, una mejor integración del territorio y una planificación que reduzca el impacto ambiental.
Para ello, la expansión urbana se orienta de manera más planificada, incorporando mecanismos de control económico que aseguren la viabilidad financiera y ambiental. Este cambio de enfoque ha llevado a exigir dos documentos nuevos: el informe de sostenibilidad económica y la memoria de viabilidad económica.
El informe de sostenibilidad económica es elaborado por la administración pública. Su propósito es ofrecer información clave para valorar si los proyectos urbanísticos previstos pueden mantenerse a largo plazo sin comprometer las finanzas de los municipios.
Por ejemplo, con el fin de asegurar una buena calidad de vida para los habitantes de urbanizaciones alejadas y con poca población, es fundamental garantizar servicios públicos básicos. Sin embargo, el mantenimiento de estas zonas representa un gasto elevado para los ayuntamientos. Todo ello podría generar una carga económica insostenible y comprometer el bienestar de las futuras generaciones.
En segundo lugar, la memoria de viabilidad económica, elaborada por la iniciativa privada, tiene como objetivo evaluar la rentabilidad de un proyecto urbanístico mediante un análisis coste-beneficio. Este documento examina la situación inicial del terreno a transformar, incluyendo sus usos, edificaciones y sistemas dotacionales: parques, colegios, calzadas, estaciones de tren, aeropuertos, hospitales…
Su finalidad es evitar el desarrollo de aprovechamientos urbanísticos sin una valoración clara del suelo, lo que podría abrir la puerta a la especulación y el enriquecimiento.
Este nuevo enfoque legislativo obliga a replantear el papel que deben desempeñar tanto las administraciones públicas como el sector privado.
Desafíos por abordar
Aunque la normativa urbanística y la jurisprudencia buscan garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica en el planeamiento, la realidad es muy distinta. Numerosas sentencias de distintos tribunales evidencian deficiencias en los documentos económicos, lo que en muchos casos provoca la anulación del planeamiento urbanístico.
Ante esta situación, surge una pregunta clave: ¿se están elaborando correctamente estos documentos?
Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canariaanaliza en profundidad las deficiencias y fallos detectados, por ejemplo, confundir un estudio económico-financiero con el informe de sostenibilidad ambiental, y propone soluciones para corregirlos.
Entre estas, destaca contar con profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la economía y la labor jurídica para aunar conocimientos y elaborar informes económicos rigurosos que cumplan con todos los requisitos exigidos. En estos informes debe quedar constancia de la viabilidad y sostenibilidad económica del planeamiento, garantizando que cumplan con el fin para el que fueron creados.
El informe también evalúa si las medidas impulsadas por la legislación urbanística realmente garantizan la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental del planeamiento urbanístico o si, en la práctica, han quedado en meras expectativas. El estudio concluye que estos documentos no se están realizando correctamente.
Creemos que los informes económicos son muy importantes para la ciudadanía, ya que ayudan a los responsables políticos a planificar, ejecutar y controlar el modelo urbano y territorial, tomando decisiones de forma más eficaz y eficiente.
Y recordemos que estas decisiones afectan a toda la sociedad, por lo que las ciudades deben diseñarse con garantías sociales, económicas y medioambientales. Nuestro punto de vista es que aún queda mucho por hacer. Es fundamental que el espíritu de la normativa llegue a los gestores, públicos y privados.
