El paisaje de pastos, trigales, tractores y vacas puede tornarse en auténticos mares de espejos y placas. Es otro temor de la llamada España vaciada, ante la carrera por la instalación descontrolada de grandes parques fotovoltaicos. Los supervivientes del sector agrario han decidido plantarles cara ante la pérdida de tierra para cultivos, pastoreo y actividades como el enoturismo.
El proceso, esbozado hace tres años denominándolo eufemísticamente “huertos solares”, se ha acelerado con ambiciosos objetivos y copiosas primas a la producción fijados en la Hoja de Ruta Española de la Energía: un 75% debe ser de origen renovable en 2030 y el 100% en 2050.
Ecopolémica inédita
La ecopolémica está servida, con papeles inéditos. Los cultivadores de tierras ajenas, en la cuerda floja, se verán obligados a dejarlas. Los propietarios y ayuntamientos se mueven por sustanciosos contratos y la expectativa de un “pelotazo”. También hay tentadores beneficios vía impuestos para las administraciones autonómicas, encargadas de las evaluaciones de impacto ambiental.
Las asociaciones ecologistas defienden a capa y espada estas plantas por su condición de ‘verde’. Advierten de que las placas son letales para las aves, especialmente esteparias y piden que se fiscalicen con más rigor los proyectos y se empleen materiales renovables en las obras.
Rentas sin rival
“Es imposible igualar los entre 150 y 240 euros por hectárea que nosotros pagamos de renta a los dueños con los 1.500-2.500 durante 40 años que ofrecen algunos promotores”, aseguran en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Guadalajara, provincia con una docena de megaparques proyectados.
El presidente saliente de la asociación, Cipriano Ramiro, pide a los ayuntamientos que legislen y limiten a un máximo del 15% del suelo municipal las dedicadas a este tipo de instalaciones, para “seguir conviviendo todos”.
“No todo es dinero, que tiene que venir de los famosos 140.000 millones europeos que predica Sánchez. La tierra es un bien que hay que preservar manteniendo las faenas y actividades tradicionales”, aseguran los agricultores.
Peligro de extinción
Los agricultores se están convirtiendo en otra especie en peligro de extinción. Según datos oficiales, casi 8.000 dejan la tierra cada año en España. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social registran una caída de casi 80.000 autónomos agrarios en una década.
En el sector agrario dudan del empleo que puedan generar “durante los tres meses de montaje estos proyectos faraónicos”. Un equipo de expertos de Extremadura, la región que albergará las plantas más grandes de Europa, denuncia que el despliegue energético sólo ha creado 1.690 empleos estables.
Campo poligonero
Las fincas de Toledo y Albacete son también muy codiciadas “para sembrar placas” por su abundante sol, su cercanía a Madrid y líneas de evacuación bien comunicadas. “A este paso van a convertir el campo en un polígono de energías renovables”, asegura Antonio Moreno, de Ecologistas en Acción.
El conservacionista teme que se esté gestando otra gigantesca burbuja especulativa en la España rural, esta vez de plantas fotovoltaicas además de parques eólicos. Recuerda la carta de alerta en defensa de la naturaleza que firmaron 23 científicos del CSIC publicada el pasado diciembre en la revista Science.
Atropello legal
Organizaciones agrarias de las dos Castillas, Aragón, Valencia, Murcia, Euskadi, Extremadura, Navarra y Andalucía se han movilizado para detener los intentos de “expulsar” a agricultores y ganaderos de tierras y pastos que han estado aprovechando durante decenios. En algunas comarcas lo consideran un atropello legal y han constituido plataformas de lucha.
En Paredes de Nava (Palencia) han llevado a la vía judicial para que se respeten sus derechos y frenar un megaproyecto fotovoltaico de 500 hectáreas en terrenos comunales, que amenaza con expulsar a unos 70 cultivadores.
En Navas del Marqués (Ávila) han recurrido otro similar a 700 campos de fútbol. “Sería un mazazo para la importante actividad ganadera de vacuno de carne en extensivo”, señala Joaquín Pino, de la junta agropecuaria local.
Ataque al enoturismo
Viticultores y bodegueros riojanos han ido a los tribunales para frenar 19 nuevos parques solares que se unirán a otros seis eólicos y 14 existentes. Culpan a su Gobierno regional de autorizar megaparques que, con fuerte impacto paisajístico, arruinan su propia estrategia de situar a la región como epicentro nacional del enoturismo.
La Asociación de Paisajes y Viñedos, creada para detener esta expansión sin control, pide que se busque “el mejor equilibrio posible entre la implantación de energías renovables y la conservación de nuestro potencial paisajístico”.
En Navarra, también ha saltado la alarma. En Cataluña la Unión de Pagesos calcula que la mitad de las tierras agrícolas están alquiladas. Reclama que estas instalaciones ocupen las zonas con menor potencial productivo.
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