La actual crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa una cuestión que tanto ecologistas como economistas llevan años advirtiendo: la interdependencia entre economía y biodiversidad. La destrucción de la segunda, señalan los análisis, nos dejó expuestos ante la nueva enfermedad y ha acabado perjudicando a la economía. El próximo 17 de mayo se celebra la 15ª Reunión de las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para revisar el avance de su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Su objetivo es repasar el borrador preliminar del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. El texto pretende garantizar que la labor de conservación de la biodiversidad contribuya a «la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables». El ámbito de la economía, que se ocupa del equilibrio entre desarrollo y conservación, tiene incluso sus propias siglas: TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Y no es ni un invento de Greenpeace ni Ecologistas en Acción: salió directo del G8 en 2007.
Ramón Pueyo: «Estamos hoy respecto a biodiversidad como estábamos en cambio climático hace dos décadas»
Heidi Wittmer y Augustin Berghöfer, del Centro de Investigación Medioambiental de Leipzig, y Pavan Sukhdev, del Centro de Monitorización de la Conservación Mundial de Cambridge, subrayan la interdependencia entre conservación y desarrollo económico, dos aspectos hoy inseparables. «Para aumentar el bienestar humano no basta con el crecimiento económico: necesitamos considerar igualmente los costes en términos del capital natural consumido para mantener ese crecimiento», resume Wittmer. La TEEB plantea, como señala el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la necesidad de esa interdependencia: para mantener una economía en desarrollo es necesario un ecosistema bien conservado que permita que esta exista. La primera no puede darse sin la segunda, pero precisamente es una economía basada en la transición verde la que puede garantizar la sostenibilidad ambiental.
Desde de 2015, el Acuerdo de París ha aumentado la preocupación climática en el ámbito político y en el empresarial. En Europa, tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente galo, Emmanuel Macron, hicieron un llamamiento en el último Foro de Davos –llevado a cabo de manera virtual– a crear un acuerdo global para proteger la biodiversidad a la misma escala del de hace un lustro. La Unión pretende que se lleve a cabo esta negociación en la COP15 de biodiversidad que se celebra a finales de este año en China.
La crisis climática es ya un riesgo financiero, en este caso derivado del capital natural, que identifican tanto organizaciones transnacionales como Naciones Unidas como otras financieras del tipo de Credit Suisse. Esta última ha llegado incluso a emitir un informe junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) acerca del giro en las política de muchos inversores. La cantidad y calidad del capital natural es considerado por muchas entidades financieras como un valor a considerar.
La firma de servicios profesionales KPMG publicó el pasado diciembre su informe Reporting en información no financiera: recorriendo el camino, en el que se analiza, entre otros factores, si las compañías están incluyendo los riesgos ambientales en sus planificaciones a medio y largo plazo. El resultado es que, aunque una mayoría de ellas ya son conscientes del riesgo que supone la crisis climática para su actividad, muchas aún lo ven como algo difuso, sin tener claras sus estrategias. En dicho informe se recoge que el 64% de las compañías que publican información no financiera reconocen el cambio climático como un riesgo para el negocio. Lo hacen de diferentes formas, pero sobre todo, señalan desde KPMG, «con un bajo nivel de concreción incluyendo únicamente una descripción cualitativa al respecto».
Una destrucción significativa de la biodiversidad supondrá perder entre 125 y 140 billones de dólares al año
En lo que respecta al compromiso con la biodiversidad, según explica el socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG España, Ramón Pueyo, «estamos hoy como estábamos en cambio climático hace dos décadas. Tan solo algunas compañías más expuestas o más comprometidas le están prestando la atención suficiente. Pero es una gota en el océano de la pérdida de biodiversidad». Sin embargo, también aclara que «son cada vez más las voces que piden que esta reciba la atención que merece considerando el riesgo que representa». De las cada vez más numerosas empresas que incluyen la protección de los ecosistemas en sus planes, muchas no la enmarcan como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, sino como parte de su funcionamiento corriente. Esto –en parte–se debe a que las alteraciones en los ecosistemas, como sequías, erosión, pérdida de especies o contaminación del aire, tierra y agua tienen ya impactos financieros adversos identificables: descensos en los precios de la vivienda y acciones o mayor riesgo de default bancario.
En nuestro país, a la espera de futuras decisiones amparadas por la nueva Ley de Cambio Climático y por las reformas europeas, hasta la fecha, el único antecedente de valoración económica de la biodiversidad a escala nacional fue el Proyecto VANE (Valoración de los Activos Naturales de España), encargado en 2005 por el Ministerio de Medio Ambiente. Fue un intento –a partir de las consideraciones de la economía ambiental desarrollada en los 90– de valorar económicamente el medio natural español desde una perspectiva microeconómica –valoración de impactos ambientales– y macroeconómica –cálculo de la riqueza de un territorio–. Pero por aquel entonces no se valoró exactamente el capital natural, sino las rentas generadas por los procesos ambientales –presuponiendo una situación de equilibrio entre la presión total de uso del activo y su capacidad de regeneración– y solo se integró el «valor de uso» de los activos naturales. Los resultados de este estudio fueron presentados cartográficamente para algunos servicios ecosistémicos, pero todavía no han sido publicados.
En este sentido, las compañías –y más las multinacionales– están tomando la delantera en medir el marco en el que se mueve su acción económica. El AXA Research Fund, el fondo para la investigación de AXA, publicó en 2020 la guía Biodiversidad en riesgo: preservar el mundo natural para nuestro futuro, que cuantifica por primera vez el impacto monetario que supondría para la economía global una pérdida significativa de la biodiversidad: entre 125 y 140 billones de dólares al año, según las estimaciones actuales. Algo que en ese momento prepandemia equivalía a más de una vez y media el PIB mundial. En su momento, los economistas ambientalistas y ecologistas criticaron al TEEB por presuponer que el medio ambiente solo se salvaría si su conservación era más rentable que su destrucción. El giro en la mentalidad de los inversores actuales, respaldado no ya por la ONU sino por compañías financieras como Credit Suisse, no se queda en esa superficie y va más allá, ya que, como explica Pueyo: «si no revertimos la pérdida de biodiversidad no es que vayamos a enfrentarnos a un problema para sostener nuestro sistema productivo; el problema es que nos enfrentaremos a un problema para sostener nuestra civilización».
No hay comentarios:
Publicar un comentario