os más jóvenes ocupan un lugar destacado en la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) a través de iniciativas como la asamblea de medio ambiente para niños, niñas y adolescentes organizada por el grupo asesor de UNICEF, que aporta una de las expertas que orienta a los participantes de la ACC.
Así lo han explicado este jueves en una presentación virtual algunos de los integrantes del grupo experto que orienta las sesiones de la ACC, una “herramienta de democracia deliberativa” que este fin de semana comenzará a esbozar las primeras ideas sobre cómo afrontar el reto climático en su tercera sesión, ha explicado la asesora de Ecodes, Cristina Monge, que ha moderado el encuentro.
Una de estas expertas es la estudiante universitaria y miembro del grupo asesor de UNICEF, Lara Padilla, cuya labor se centra en atender los retos y prioridades de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la crisis climática.
Asamblea de jóvenes de UNICEF
El pasado 19 de junio de 2021, adolescentes y jóvenes realizaron una asamblea online sobre medio ambiente diseñada por el grupo asesor de UNICEF España, en la que los participantes reflexionaron acerca de la deforestación, el papel de la industria cárnica en la crisis climática, las especies en peligro de extinción o la escasez de agua.
Con ese mismo espíritu, Padilla ha señalado que su misión en el grupo de expertos de la ACC es «acercar estos procesos a la juventud», una tarea que abordará gracias a su experiencia trabajando con las nuevas generaciones.
Consumo, Alimentación, Salud y cuidados, trabajo y ecosistemas
Así, la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) tratará de esbozar medidas para hacer “una España más segura y justa ante el cambio climático”, desafío que abordará desde los ámbitos del consumo; alimentación y uso de la tierra; comunidad, salud y cuidados; trabajo y ecosistemas.
La investigadora del Instituto de Salud Carlos III y cocoordinadora del grupo de expertos de la ACC, Cristina Linares, ha señalado que los 100 integrantes que componen la asamblea “constituyen una mini España” que atiende a “criterios de género, nacionalidad, distribución geográfica y nivel educativo” para representar la realidad española.
Linares ha destacado que “una de las claves del éxito de estas reuniones es que los expertos van de forma voluntaria y a título individual” para aportar “rigor y un sello de calidad a las deliberaciones”.
El promotor de la transición justa en la agenda climática, Joaquín Nieto, es coordinador junto a Linares del grupo de expertos que permitirá que los asambleístas «deliberen con criterio este fin de semana”.
Derecho ambiental
Otra de las expertas que orientarán el debate de propuestas de la ACC es la abogada especializada en Derecho y Política Ambiental, Ana Barreira, quien ha recordado que esta asamblea ciudadana «responde al compromiso recogido en la Declaración de Emergencia Climática y en la Ley de Cambio Climático españolas”.
La aportación de Barreira a los debates de la ACC está relacionada con “la explicación de los tratados internacionales que abordan la crisis climática y los principios del derecho ambiental”, una información que permitirá al ciudadano de a pie comprender “la compleja distribución competencial de España”.
El director ejecutivo de ECODES, Víctor Viñuales, que también forma parte de este grupo de expertos independiente, ha calificado a la ACC como “una respuesta de participación excepcional para un problema excepcional de la humanidad”.
Para su sorpresa, esta “mini España” compuesta por los 100 asambleístas voluntarios está resultando “mejor” que la España real, inmersa según Viñuales “en una atmósfera de polarización” que complica la tarea de afrontar la crisis climática.
La directora de la Fundación Ecoalf, Irene Díez y la responsable del departamento de industria, energía, medio ambiente y clima de la CEOE, Cristina Rivero, han sido otras expertas de la ACC que han participado en el acto de presentación de la tercera sesión de la ACC.
Las propuestas ciudadanas que comenzarán a perfilarse a partir de este sábado serán presentadas ante el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España. EFEverde
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