1 de junio de 2026

Actuar localmente para cuidar la vida

 

El 22 de mayo de 2026 celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica bajo un lema tan sencillo como exigente: “Actuar localmente para lograr un impacto global”. No es una consigna más. Es una llamada a reconocer que el futuro de la vida sobre la Tierra se decide también en lo pequeño: en una semilla conservada por una comunidad campesina, en una selva protegida por un pueblo indígena, en una dieta que respeta las estaciones, en una política pública que defiende la salubridad del agua, la fertilidad del suelo y la dignidad de quienes producen nuestros alimentos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha confirmado este lema para 2026, subrayando precisamente esa conexión entre la acción cercana y la responsabilidad planetaria.

La biodiversidad no es un lujo ornamental de la creación. Es la trama misma de la vida. Es reflejo de la riqueza del Creador y, por tanto, merece un respeto sagrado. Cuando desaparecen especies, variedades agrícolas, polinizadores, bosques, terrenos feraces o ecosistemas acuáticos, no perdemos solo belleza: perdemos alimento, salud, cultura, resiliencia y futuro. Por eso el Papa Francisco advirtió en Laudato si’ que no basta considerar las especies como simples “recursos” disponibles para nuestro provecho, olvidando que poseen un valor en sí mismas; y recordó que muchas desaparecen para siempre por causas vinculadas a la acción humana (cfr. nn. 32-33).

La Doctrina Social de la Iglesia nos anima a mirar la depauperación de la biodiversidad no solo como un percance técnico, sino como una cuestión moral. El deterioro ambiental es a menudo consecuencia de la falta de benéficos proyectos políticos, pero, sobre todo, tiene su hontanar en la ausencia de Dios y en la debilidad ética. Cuando flaquea la fe en Dios, las almas pierden la rectitud y el egoísmo triunfa sobre el esfuerzo por el bien común. Llevaba razón Su Santidad Benedicto XVI al afirmar: “Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción” (Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino, 24 de abril de 2005). Por consiguiente, la pérdida de biodiversidad está unida al cambio climático, a la pobreza, a los conflictos, a la inequidad, a la concentración de poder, a la exclusión de los pueblos indígenas y a la fragilidad de tantos sistemas alimentarios, pero especialmente al vacío interior, a la carencia de una auténtica espiritualidad y a la omisión de la solidaridad. Nos percatamos entonces de que allí donde se menoscaba y daña la naturaleza, los primeros que suelen sufrir son los indigentes. Cuando se destruyen los suelos, se contamina el agua o desaparece alguna variedad de semillas se hiere también el derecho de las personas y los pueblos a alimentarse con dignidad.

La FAO lo expresa con claridad: la biodiversidad es fundamento de los sistemas agroalimentarios, de la producción sostenible, de la seguridad alimentaria y de la nutrición para todos. El trabajo de esta Organización internacional ayuda a los países a usar, no lesionar y restaurar la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios, como parte esencial de una visión de un mundo sostenible y libre del hambre.

Esta afirmación tiene consecuencias concretas. No habrá derecho a la alimentación sana sin biodiversidad. Una alimentación verdaderamente adecuada no se reduce a calorías. Requiere diversificación alimenticia, calidad nutricional, viandas culturalmente apropiadas, sostenibles y accesibles. La uniformidad de los cultivos y de las dietas empobrece no solo los campos, sino también los cuerpos y las culturas. En cambio, salvaguardar la agrobiodiversidad conlleva proteger cereales tradicionales, legumbres, frutas, hortalizas, peces, razas locales, conocimientos campesinos, sistemas pastoriles, bosques alimentarios y formas de vida que han sostenido durante siglos a comunidades enteras.

También por eso debemos escuchar con humildad a las comunidades originarias. No son reliquias del pasado, sino acervos de saberes indispensables para el porvenir. La FAO ha reconocido su papel en la regeneración de ecosistemas degradados y en la tutela de la diversidad biológica, apoyando procesos liderados por ellas mismas y arraigados en sus sistemas alimentarios, espirituales y de conocimiento.

Actuar localmente significa, entonces, mucho más que realizar gestos aislados. Implica fortalecer comunidades rurales, respaldar a los pequeños productores, preservar semillas nativas, defender los derechos sobre la tierra y el agua, reducir el desperdicio alimentario, promover dietas saludables y sostenibles, educar en el cuidado de la creación y asegurar que las políticas agrícolas, pesqueras, forestales y comerciales no sacrifiquen la vida en nombre de beneficios inmediatos.

La crisis climática añade urgencia. Sequías, inundaciones, olas de calor, maremotos, desertificación, tifones, huracanes, tornados e incendios forestales golpean con especial dureza a quienes menos han contribuido al problema. Los conflictos armados agravan esta realidad: impiden siembras, destruyen cosechas, erosionan las tierras, desplazan comunidades, cierran mercados y debilitan los vínculos entre las personas y sus territorios. Cuando la guerra devasta la naturaleza, también roba el pan de los menesterosos.

La tradición cristiana nos recuerda que la creación no nos pertenece como una posesión absoluta. Nos ha sido confiada. Somos administradores, no dueños despóticos; cuidadores, no depredadores voraces. Laudato si’ y Laudate Deum insisten en esta conversión ecológica que une justicia social, paz, sobriedad y responsabilidad intergeneracional. No se trata de nostalgia rural ni de romanticismo ambiental. Se trata de justicia. Se trata de reconocer que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres caminan de la mano.

Por eso, en este Día Internacional de la Diversidad Biológica la invitación es clara: actuar localmente, sí, pero con conciencia universal. Cada comunidad puede convertirse en un laboratorio de esperanza. Cada municipio, escuela, parroquia, cooperativa, universidad, mercado y familia puede ser parte de una respuesta global. Las grandes transformaciones no nacen solo en los foros internacionales; germinan también en los surcos, en la gestión responsable del agua, en las cocinas, en las decisiones de consumo, en la transmisión de un saber ancestral.

Cuidar la biodiversidad es cuidar la mesa común de la humanidad. Es velar por el derecho de cada persona a una alimentación adecuada. Es honrar a quienes cultivan la tierra con esmero. Es escuchar a los pueblos que han sabido vivir en reciprocidad con la naturaleza. Es rechazar una economía que descarta vidas, culturas y ecosistemas. Es, en definitiva, reconocer que todo está conectado y que ninguna criatura es indiferente a los ojos de Dios.

El lema de 2026 de esta jornada internacional nos coloca ante una encomiable tarea: empezar cerca para llegar lejos. Actuar donde estamos, con lo que tenemos, junto a quienes comparten nuestra casa común. Porque cuando una comunidad protege su biodiversidad, no defiende solo su paisaje: custodia una porción del futuro del mundo.

 Mons. Fernando Chica Arellano
Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA

Recepción de ‘Magnifica humanitas’ desde la pastoral de ecología integral: un diálogo urgente en la era digital

 Lejos de ser un documento aislado sobre tecnología, la encíclica establece un diálogo profundo y orgánico con la visión desarrollada por Francisco en Laudato si’ (LS), convirtiéndose en un texto clave para quienes trabajamos en la pastoral de la ecología integral.

Poderosos puntos en común

Al leer MH desde esta perspectiva, encontramos poderosos puntos en común, sinergias y llamados a la colaboración para defender tanto la dignidad humana como nuestra casa común frente a la revolución de la inteligencia artificial (IA). A continuación, se articulan los principales ejes de este diálogo pastoral:

I. La ecología integral como veredicto del desarrollo

Un punto de encuentro fundamental es la consolidación de la ecología integral como baremo para evaluar el progreso tecnológico. La encíclica asume que el verdadero desarrollo humano integral encuentra hoy “un criterio decisivo de verificación en la ecología integral” (MH, 84).

La pastoral ecológica siempre ha sostenido que no hay dos crisis separadas (una ambiental y otra social), sino una sola crisis socioambiental. MH refuerza esta convicción al sentenciar que no puede considerarse verdadero progreso aquel que aumenta el bienestar de unos pocos a costa de degradar los ecosistemas, trasladar los costes a las comunidades más vulnerables o perjudicar a las futuras generaciones (cf. ib.).

Toda innovación, incluida la IA, debe ser interrogada sobre si realmente contribuye a que los pueblos crezcan en humanidad respetando la casa común (cf. MH, 85).

II. El grito de la tierra y de los pobres en la materialidad de la IA

Uno de los refuerzos más potentes que la encíclica ofrece a la pastoral ecológica es la desmitificación de la “inmaterialidad” de la tecnología (cf. MH, 65).

La encíclica advierte que los sistemas actuales de IA requieren inmensas cantidades de energía y agua, lo que incrementa las emisiones de carbono y afecta al medio ambiente (cf. MH, 101).

De forma dramática, el documento denuncia cómo la extracción de “tierras raras” necesarias para los microprocesadores mutila y consume los cuerpos de adolescentes y niños (cf. MH, 173)

Además, la IA se sostiene sobre el “trabajo invisible” de millones de personas en condiciones precarias (etiquetado de datos, moderación de contenidos), lo que configura nuevas formas de esclavitud y de colonialismo digital (cf. ib.).

Esta denuncia es una sinergia perfecta con LS: en el mundo digital, “el grito de la tierra” (recursos explotados, huella de carbono) y “el grito de los pobres” (trabajadores invisibles) siguen siendo un mismo clamor inseparable (cf. LS. 49; MH, 43).

III. La expansión de la casa común: el ecosistema digital

En los últimos años, la pastoral de ecología integral ha centrado sus esfuerzos en el espacio natural y en los signos del lugar. MH colabora expandiendo nuestra comprensión del entorno: afirma que, “al igual que el medio ambiente natural, también el ‘ecosistema digital’ puede ser custodiado o explotado, compartido o monopolizado” (MH, 76).

Por tanto, la pastoral debe velar por que el principio del destino universal de los bienes se aplique también a los datos, los algoritmos y las plataformas digitales (cf. MH, 67). Los datos generados por la humanidad no pueden ser monopolizados como palancas de dominio (cf. MH, 178); son bienes comunes, colectivos, que deben gestionarse con una lógica de compartir (cf. MH, 108).

IV. Resistencia al paradigma tecnocrático y al transhumanismo

La encíclica profundiza en la crítica al “paradigma tecnocrático”, presentado en LS, que reduce la creación a un objeto de explotación y a las personas a engranajes de un sistema de eficiencia y lucro (cf. MH, 92-93).

MH alerta especialmente sobre las corrientes del transhumanismo y poshumanismo, que ven los límites humanos (como la fragilidad, el sufrimiento y la vulnerabilidad) como defectos humanos a corregir o “material que hay que perfeccionar” (MH, 115; cf. 117).

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Desde la pastoral, abrazamos la tesis de la encíclica: el ser humano no florece a pesar de sus límites, sino a través de ellos (cf. MH, 118). Frente al sueño de la hibridación tecnológica o el hombre potenciado, la Iglesia llama a cultivar un “antropocentrismo situado”, reconociendo nuestro lugar interdependiente dentro de la red de la vida y con Dios (cf. MH, 237).

V. “Desarmar la IA”, una tarea ecológica

Finalmente, León XIV hace un llamado profético que debe convertirse en una línea de acción pastoral: “Desarmar la IA”, no para renunciar a la tecnología, sino para evitar que domine a lo humano y opere bajo lógicas de la competencia armada, económica o cognitiva (cf. MH, 110). Esta misión “es ecológica en el sentido más radical, porque pone en juego una nueva dimensión de nuestra casa común” (cf. ib.).

En nuestro trabajo pastoral, la encíclica nos invita a no ser meros espectadores. Ante la inteligencia artificial, se nos pide elegir entre edificar una Babel digital, basada en el orgullo, la uniformidad y el beneficio que deshumaniza, o caminar por el camino de Nehemías para reconstruir una nueva Jerusalén, basada en la responsabilidad compartida, el diálogo y el servicio al bien común (cf. MH, 7).

El cuidado de nuestra magnífica humanidad y de la casa común, creadas por Dios, requiere hoy una profunda conversión ecológica que también abarque nuestras decisiones tecnológicas.


*Eduardo Agosta Scarel, O. Carm, es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española.

No todas las semillas tienen acceso por igual a la bóveda de Svalbard

 La idea de generar una reserva mundial de germoplasma vegetal surgió en Noruega en la década de 1980 con experiencias de almacenamiento de semillas en minas abandonadas del archipiélago de Svalbard. A partir de 1990, se iniciaron las conversaciones entre el Gobierno noruego y la FAO para crear un depósito mundial que, como si fuera una caja fuerte, pudiera conservar materiales genéticos de todo el mundo.

Sin embargo, en ausencia de un régimen de administración que asegurara el estatus legal de esa colección, hubo que esperar a la implementación del Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales de interés para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Finalmente, quedó constituido, en febrero de 2008, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, que recientemente ha recibido el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional 2026


















En el Banco de Germoplasma de la Universidad de Córdoba se realizan tareas de conservación, mantenimiento y multiplicación de semillas. Banco de Germoplasma de la Universidad de Córdoba.

En el corazón de una montaña helada

Situado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard (Noruega), está excavado en una montaña de arenisca, a unos 1 300 kilómetros del Polo Norte y con 120 metros de recorrido subterráneo, en una zona con actividad sísmica casi nula. 

La instalación conserva las colecciones de germoplasma a -18 ºC, temperatura que se consigue gracias al permafrost (capa geológica que permanece congelada) en la que está excavada la galería. El banco tiene espacio para 4,5 millones de muestras, cada una con una media de 500 semillas. 

Actualmente, guarda 1,38 millones de muestras pertenecientes a 6 500 taxones (entendemos que la cifra se refiere al nivel de variedades cultivadas, no de especies). Predominan ciertos cultivos “mayores”, como arroz, trigo, maíz, cebada y diversas legumbres, especies todas con semillas de comportamiento ortodoxo, es decir, susceptibles de ser conservadas a largo plazo (decenas de años) en un ambiente seco y frío. 

Se guardan en sobres sellados de aluminio con tres capas, introducidos en cajas de plástico. El “búnker” cuenta con puertas blindadas, detectores de movimiento y muros de hormigón armado capaces de resistir el impacto de armas de guerra.


Algunos aspectos mejorables

Como toda loable iniciativa, su aparición produjo inmediatamente cierto horizonte de crítica no exento de razones. Han surgido, por ejemplo, problemas en el sistema de ahorro energético que representa el uso del frío del permafrost: filtraciones de agua en la galería provocadas por el cambio climático, que tuvieron lugar en 2017 y dieron pie a la renovación y refuerzo de las medidas de protección. 

Estas dudas sobre la eficiencia de un mecanismo que pretende ser una medida de seguridad complementaria, que se ven incrementadas por la ausencia de estrategias priorizadas y suficientemente ambiciosas en la selección de las especies y variedades conservadas. Estas responden preferentemente a las contempladas por el citado Tratado Internacional de FAO y, de forma mucho más determinante, a los fines y objetivos de los países y organismos depositarios. 

¿Quién decide qué se guarda?

Cabe señalar que los depositarios no son “donantes”, sino simplemente “clientes” de esta oferta de cooperación internacional. También son los únicos que pueden acceder a las semillas almacenadas. 

Tampoco hay control sobre la diversidad genética intraespecífica (dentro de una misma especie vegetal) o intravarietal (dentro de una variedad de la planta) conservada, ni en la estabilidad de la capacidad germinativa de las semillas almacenadas, conservadas en ausencia de protocolos de regeneración. 

Queda así parcialmente cuestionada tanto la eficiencia del sistema como la accesibilidad de los materiales conservados en una política internacional de protección de la agrodiversidad.

La importancia de la agricultura tradicional

Hablando de agrodiversidad, este tipo de reconocimiento internacional puede dejar adormecidas las conciencias (y las iniciativas e inversiones gubernamentales) en la defensa de otros sistemas mucho mas eficaces de conservación tales como los sistemas de agricultura familiar y tradicional, jardines botánicos y bancos de semillas en los países de origen.

Podemos diferenciar entre la conservación ex situ (bancos de semillas en general, colecciones bajo cultivo, jardines botánicos) y la in situ, en manos de los agricultores y, en especial, de los modelos más tradicionales de agricultura. Svalbard responde al primero de los modelos citados.

Este punto es importante, especialmente si recordamos que la agricultura y alimentación del hemisferio Sur y, muy particularmente, de los países andinos, que son centros importantes de biodiversidad tienen un grado de desarrollo económico que no suele permitir la existencia de eficientes infraestructuras de conservación ex situ

¿Y las plantas silvestres?

Por otro lado, Svalbard está cerrado para el depósito de germoplasma silvestre, que representa no solo una emergencia de conservación en todo el planeta ante el proceso de extinción progresiva de biodiversidad, sino también un horizonte de uso importantísimo para la mejora de los cultivos y especies de interés económico. 

Hablamos, por ejemplo, de los parientes silvestres de los cultivos, de especies de interés medicinal o etnobotánico, o de aquellas utilizadas por extractivismo a partir de poblaciones naturales y sistemas agroforestales.

Aunque España ya ha colaborado con el Banco Mundial de Semillas de Svalbard mediante depósitos realizados por el Centro de Recursos Fitogenéticos y Agricultura Sostenible (INA-CSIC) y el Banco del Olivo de la Universidad de Córdoba, otras entidades nacionales enfocadas en la flora silvestre en España no han conseguido acceso al banco. 

Tal vez, ni siquiera lo hayan intentado, por no dedicarse a los cultivos que contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales de interés para la Alimentación y la Agricultura. 

Red Española de Bancos de Germoplasma Vegetal Silvestre

Mientras tanto, en España y hace 25 años, surgió REDBAG (Red Española de Bancos de Germoplasma de Flora Silvestre), que agrupa varias decenas de bancos, algunos con cerca de medio siglo de experiencia en la protección de la biodiversidad ibérica, balear y canaria. 

Para garantizar la máxima protección de este patrimonio, la red tiene previsto realizar depósitos de seguridad en el banco nacional del Ministerio para la Transición Ecológica, el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales “El Serranillo”

Por eso, aunque el Premio Princesa de Asturias aplauda merecidamente, la cooperación internacional, no debemos olvidar que España es pionera en conservación de recursos fitogenéticos. Y, si no conservamos nuestros recursos locales y apoyamos nuestras instituciones, de poco nos servirán las maravillas de la bóveda de Svalbard.

El persistente incumplimiento de España con el Convenio de Aarhus sobre transparencia ambiental

 El derecho de la ciudadanía a conocer el estado de su entorno natural (comprendiendo información de tipo ecológica, administrativa, jurídica, socioeconómica, etc.) no es solo una aspiración política, sino también un mandato jurídico internacional vinculado a los derechos humanos fundamentales. En España, este mandato cristaliza a través del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales; la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Sin embargo, a pesar de contar con un marco legal robusto sobre el papel, la realidad administrativa muestra preocupantes grietas que ponen en entredicho el cumplimiento efectivo del acceso a la información ambiental.

El corazón de estas normas lo constituye el acceso proactivo y gratuito a la información ambiental. La Administración española, desde los ministerios hasta los ayuntamientos, está obligada a facilitar datos veraces, actualizados y de libre acceso. No obstante, informes de organizaciones ecologistas y del propio Comité de Cumplimiento de Aarhus han señalado reiteradamente la existencia de importantes fallos y lagunas en la aplicación de este convenio en España.

El marco normativo: de Aarhus a la Ley 27/2006

El Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2004, se asienta sobre tres pilares: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Para integrar este tratado en el derecho comunitario, la Unión Europea aprobó la Directiva 2003/4/CE, que obliga a los Estados miembros a garantizar que la información ambiental sea accesible de forma sistemática y transparente.

En respuesta a estas obligaciones, España promulgó la Ley 27/2006, de 18 de julio. Esta norma reconoce el derecho de “todos” a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas sin necesidad de declarar un interés determinado. No obstante, décadas después, diversas instituciones y organizaciones sociales siguen denunciando obstáculos persistentes en su implementación. Desde silencios administrativos a las solicitudes ciudadanas de acceso a la documentación hasta llegar incluso a la negación del mismo.


Leer más: ¿Es una falacia el ideal de transparencia?


Deficiencias y obstáculos en el acceso a la información

A pesar de la claridad de la Ley 27/2006, la Administración española enfrenta críticas por su falta de agilidad y, sobre todo, por no aplicar una transparencia proactiva. 


Por un lado, destacan el silencio administrativo y las demoras. Uno de los problemas más graves es la falta de celeridad. El sistema de recursos y garantías a menudo se ve superado por la lentitud administrativa, lo que frustra el propósito del Convenio de Aarhus. 

En segundo lugar, se dan interpretaciones restrictivas. En estos casos, las autoridades deniegan el acceso a la información argumentando que atender solicitudes masivas interfiere con el funcionamiento normal de los servicios públicos. 

Otro obstáculo son las tasas y precios. Aunque la ley permite cobrar por el suministro de información, la falta de claridad en las tasas puede actuar como una barrera económica con un potente efecto disuasorio para el ciudadano. 

Por último, la información disponible es muy dispersa. Determinadas entidades como Ecologistas en Acción critican que la Administración aún no ha adoptado plenamente el principio de transparencia, manteniendo estructuras opacas que dificultan la obtención de datos críticos para la salud y el bienestar. Las instituciones científicas, las ONG y la ciudadanía también se ven afectadas por esta situación a la hora de plantear investigaciones como tesis doctorales y proyectos científicos diversos, lo que va en detrimento de la sociedad en su conjunto.



La Justicia se ha pronunciado

Las denuncias de estas faltas ya han obtenido respuesta judicial. Un ejemplo fue la sentencia 505/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 27 de mayo de 2025, conseguida por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (ASCEL), contra la Junta de Andalucía por negarse a entregar, en base al silencio administrativo, información sobre las respuestas aportadas por los expertos consultados (tras la petición de 2015) acerca de la pertinencia de la inclusión del lobo en Andalucía como especie “en peligro de extinción” en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Entre los argumentos del Tribunal, destacamos:

El artículo 5 de la Ley 27/2006 determina las obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de información ambiental, disponiendo:

  1. Las Administraciones públicas deberán realizar las siguientes actuaciones:

a) Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente ley, así como de las vías para ejercitar tales derechos. 

b) Facilitar información para su correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en la medida en que resulte posible.

c) Elaborar listas de autoridades públicas en atención a la información ambiental que obre en su poder, las cuales se harán públicamente accesibles. A tal efecto, existirá al menos una lista unificada de autoridades públicas por cada Comunidad Autónoma.

d) Garantizar que su personal asista al público cuando trate de acceder a la información ambiental. 

e) Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso a la información. 

f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de información ambiental.

  1. Las autoridades públicas velarán porque, en la medida de sus posibilidades, la información recogida por ellas o la recogida en su nombre esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación.

El tribunal anuló, por no ser ajustada a derecho, la desestimación por parte de la Junta de Andalucía de la petición de información medioambiental, y declara el derecho de la actora a obtener dicha información.

Llamada de atención de los organismos internacionales

El incumplimiento español no ha pasado desapercibido. En noviembre de 2025, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus instó a España a adoptar medidas legislativas y administrativas adicionales, señalando deficiencias importantes en la participación pública en procesos críticos, como la prórroga de la central nuclear de Almaraz.

Además, la Comisión Europea ha iniciado expedientes contra España por incumplimientos en la entrega de informes requeridos por normativas ambientales, como los relativos a la red Natura 2000 y la contaminación acústica, cuya fecha límite expiró en 2025. Estos expedientes son un síntoma de una gestión de la información ambiental que todavía no cumple con los estándares europeos de puntualidad y exhaustividad a los que España sí que se ha comprometido legalmente.

Hacia una transparencia real

Para cumplir con el espíritu de Aarhus, España debe avanzar más allá de la mera existencia de la Ley 27/2006. Se requiere una modernización de los canales de acceso (transparencia activa) y una mayor celeridad en la respuesta a solicitudes ciudadanas (transparencia pasiva). Solo mediante un acceso libre, rápido y gratuito a la información ambiental se podrá garantizar que la ciudadanía participe de forma efectiva en la protección de su propio entorno.

El cumplimiento del Convenio de Aarhus no es una opción, sino una obligación tanto legal como democrática. La Administración está obligada a digitalizar y centralizar la información ambiental de manera transparente. 

Algunas propuestas para una implantación real y efectiva del convenio de Aarhus en nuestro país son: 

  • Reducir las tasas y eliminar trabas judiciales para la defensa ambiental.

  • Garantizar que la participación pública tenga capacidad de influir en el resultado final.

  • Implementar sanciones administrativas (multas, inhabilitación, revocación de permisos) contra funcionarios o entidades que incumplan la obligación de proporcionar información como mecanismo disuasorio para asegurar el respeto a la legislación ambiental vigente.

En conclusión, y dadas las crecientes amenazas tanto al medio ambiental como al funcionamiento democrático que se dan en estos momentos, hay que poner los medios necesarios para que la democracia ambiental en España no siga en “suspenso”. El incumplimiento del Convenio de Aarhus debilita no solo la protección del entorno, sino también la confianza ciudadana en las instituciones, convirtiendo la transparencia en una utopía burocrática en lugar de lo que es: un derecho fundamental de todos y todas.


Este artículo ha sido escrito en colaboración con Juan Carlos Rodríguez, jurista experto en derecho ambiental y tutor de prácticas externas en el Grado en Derecho de la Universidad de Córdoba.