Marta Montojo.- Madrid.- El Tratado de alta mar (TAA) aprobado este mes en la ONU no podrá por sí solo frenar la minería submarina pero los Estados sí podrán emplear algunos mecanismos incluidos en este acuerdo para mejorar la evaluación ambiental exigible a la hora de explotar los fondos marinos.
Así lo ha explicado a EFE el experto en política internacional marítima Glen Wright, investigador del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), quien se ha mostrado satisfecho con el acuerdo al que la ONU llegó el pasado 5 de marzo para proteger la biodiversidad marina, aunque aún no ha entrado en vigor.
De hecho, el documento “no tendrá impacto legal en ningún otro proceso internacional” hasta que sea traducido a los idiomas oficiales y ratificado por al menos 60 Estados, por lo que Wright ha advertido contra la “desinformación” respecto a su posible influencia en actividades como la minería en fondos marinos o la pesca en aguas internacionales, un espacio que representa el 64 % de los océanos y un 45 % del planeta.
Precisamente estos días Jamaica acoge las negociaciones de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) con la minería submarina como asunto estelar y el especialista de IDDRI ha aclarado que el TAA no podrá impedir esta actividad ya que no sólo no la prohíbe expresamente sino que tampoco puede debilitar a otros organismos internacionales.
Lo que sí podrá hacer un Gobierno es aprovechar los instrumentos generados en el marco del tratado para incrementar los requisitos ambientales en las evaluaciones de impacto ambiental previas a la explotación minera.
“Tendemos a referirnos a estos organismos como si fueran entidades propias, pero en realidad sus decisiones dependen de los Estados”, ha precisado este experto que, tras 15 años trabajando en política pública marina, considera este acuerdo “clave” para responder a la falta de coordinación que a su juicio existe entre las organizaciones del mar.
En los 40 años transcurridos desde la firma de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, ecologistas y especialistas en derecho internacional han reconocido avances en esta regulación sin dejar de subrayar sus dudas respecto a la aplicación de las normas en alta mar.
El TAA trata de solventar esto “añadiendo cooperación para que las partes puedan conectar con los procesos existentes”, ha indicado Wright, de manera que “si los países signatarios declaran una zona marina protegida y luego la ISA estudia la posibilidad de llevar a cabo minería en esa zona, con este acuerdo hay un nuevo impulso para evaluar si es o no una buena idea”.
Existe un problema añadido: “no hay una policía del mar” para asegurar que se respeta lo acordado, por lo que el control quedará en manos de un comité que podrá “llamar la atención” a quien vulnere la regulación.
Este mecanismo de presión pública es “suave pero funciona en otros tratados”, asegura este especialista para quien “muy a menudo basta con la transparencia y con que te llamen la atención para cambiar un comportamiento”.
Como ejemplo, señala lo ocurrido con la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas, que ha resultado “relativamente efectiva” basándose en un comité de cumplimiento.
En todo caso, Wright señala que el TAA aporta un marco jurídico para destinar más dinero a la conservación marina, equiparar el acceso entre países a los recursos genéticos marinos y preservar la biodiversidad en áreas como el Mar de los Sargazos que sociedad civil y científicos llevan años intentando proteger. EFEverde
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